Al menos 20 personas resultaron heridas en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Puerto Rico durante las dos semanas de manifestaciones que se llevaron a cabo en el Viejo San Juan para exigir la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

Así lo reveló una documentación preliminar de intervenciones y casos que preparó la organización local Kilómetro Cero, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la Brigada Legal SolSidaria, Amnistía Internacional Capítulo de Puerto Rico y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, según un comunicado de prensa.

“Hemos creado este informe con gran sentido de urgencia. Es un documento preliminar y vivo. Es decir, estará en constante desarrollo. Seguimos recibiendo y confirmando información sobre los casos que ya hemos identificado o sobre otros nuevos”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.

Las personas fueron heridas específicamente durante las protestas desarrolladas entre el 11 y el 25 de julio frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo.

Allí, cientos de personas se manifestaron para exigirle a Rosselló que dimitiera de su cargo, tras la publicación de un chat privado, en el que junto miembros de su equipo de trabajo expresaron comentarios homofóbicos, insultos machistas, contra los obesos, los opositores políticos e incluso, bromas sobre los muertos por el huracán María de 2017.

De igual manera, durante esas dos semanas de protestas, la Policía detuvo a 16 personas, según reveló la documentación preliminar de intervenciones y casos.

De acuerdo con el documento publicado en la página web de Kilómetro Cero, se conoce que, al menos 43 personas resultaron afectadas por diversos tipos de intervenciones de la Policía de Puerto Rico durante los actos de protesta.

Este número no incluye los cientos de personas que se estima sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos lanzados en, al menos, seis fechas diferentes, agregó el informe de Kilómetro Cero.

De esas 43 personas, como mínimo, 29 resultaron perjudicadas por alguna técnica de uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades, agregó el documento.

Los incidentes reportados incluyen macanazos, disparos de armas con municiones de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpizas, daños a la propiedad y otras agresiones.

Asimismo, el informe resalta cinco denuncias relacionadas con el mal manejo de las multitudes, el uso desproporcionado de fuerza por parte la Policía e intimidaciones de agentes del orden público en las redes sociales.

Narváez explicó que para la confección del documento se utilizaron fuentes diversas, como entrevistas personales, una encuesta de uso de fuerza creada por Kilómetro Cero -que fue revisada con entrevistas-, informes de prensa escrita y gráfica, testimonios visuales y textos publicados en las redes sociales, relatos de observadores, activistas y de abogados que apoyan o defienden a los manifestantes detenidos.

“Al mirar los vídeos, fotos y testimonios de esta documentación, es evidente el exceso de uso de fuerza del Estado en el contexto de una actividad protegida como es la protesta, la desproporción de sus ataques a manifestantes, que no representaban amenaza alguna, y su violencia e incompetencia al arrestar manifestantes”, añadió.

Por su parte, el presidente de la CAAPR, Edgar Román, agregó que “los derechos civiles, en particular el derecho a la protesta, son esenciales a la democracia. El abuso de la fuerza policiaca es una ataque frontal a cualquier noción de democracia”.

Las organizaciones involucradas en el informe, por otro lado, consideraron adecuado que se documenten los daños que hayan recibido también los agentes del orden público durante la jornada de protestas.

El informe señala, por otro lado, que “no todo uso de fuerza de parte de la Policía es excesivo, pues la Uniformada está autorizada a ejercer la fuerza contra la ciudadanía en situaciones de peligro inminente a la vida o integridad física o cuando no es posible realizar un arresto de otro modo, entre otras circunstancias en que el uso de fuerza de parte del Estado es actualmente legal”.

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